El Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el acuerdo firmado por la Unión Europea con el Mercosur, una decisión que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. La medida se celebró con júbilo por parte de los cientos de agricultores concentrados frente a la sede parlamentaria de Estrasburgo (Francia) para protestar contra este tratado que genera inquietud en el sector agrario europeo.
En una ajustada votación -334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones-, los eurodiputados acordaron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analice si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque comunitario. En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.
Por ahora, la Comisión no se manifestó sobre este punto, pero expresó el miércoles su “profunda decepción” por la decisión tomada por los parlamentarios. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.
El canciller alemán, Friedrich Merz, también lamentó la decisión pues, dijo, “no interpreta correctamente la situación geopolítica”. “Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, escribió en X Merz, quien entre los líderes europeos ha sido uno de los mayores defensores de este pacto.
Con más de 700 millones de consumidores, el tratado debe crear la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 Estados miembros de la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral. Permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos, y licores a América Latina, al tiempo que facilita la entrada a Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.
Sin embargo, el pacto ha generado resistencias en varios países europeos, encabezados por Francia. Preocupan especialmente las repercusiones en el sector agrícola y ganadero, que llevan meses de protestas ante el temor de verse impactados por productos importados más baratos y no necesariamente acordes con las normas fitosanitarias europeas.



