Congresistas en Estados Unidos presentan resolución contra reformas en México.

Los congresistas Greg Stanton (demócrata por Arizona) y María Elvira Salazar (republicana por Florida) presentaron una resolución en el Capitolio contra las reformas constitucionales.

Antes de la aprobación en el Senado de la reforma judicial, advirtieron sobre el “impacto negativo a largo plazo sobre las instituciones democráticas de México, la separación de poderes, la independencia y transparencia judicial y la seguridad, al tiempo que socava su sistema electoral, la Guardia Nacional y las agencias de supervisión”.

“El Congreso tiene serias preocupaciones sobre estas reformas propuestas que llevarían la relación en la dirección equivocada”, dijo Stanton. En un comunicado se añadió que “la resolución se basa en una carta bipartidista que Stanton dirigió la semana pasada con 10 miembros del Congreso al secretario de Estado, Antony Blinken y a la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en la que se exponían las preocupaciones de que las reformas propuestas correrían el riesgo de violar los términos del T-MEC”.

Según la resolución de Stanton y Salazar, las empresas estadounidenses invirtieron directamente 130, mil millones de dólares en México en 2022, los dos países intercambiaron bienes por valor de 750 mil millones de dólares en 2023 y aproximadamente 5 millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “grave preocupación” por la aprobación en México de la reforma constitucional al Poder Judicial y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho. Además, llamó la atención de la CIDH “lo precipitado de las profundas modificaciones que podrían tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.

La reforma también ha despertado alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, por la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas campañas electorales de los jueces.