Con el objetivo de fortalecer la equidad y la inclusión educativa en Puebla, priorizando a las comunidades con mayor rezago; ampliar gradualmente las jornadas de preescolar y primaria, con alimentación y actividades de formación integral; así como mejorar infraestructura y conectividad, y apoyar con útiles, uniformes, calzado y transporte escolar, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa.
Mediante la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Puebla contempla que las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas para garantizar la equidad, la inclusión y la mejora continua de los servicios educativos, con prioridad para los educandos y las comunidades que enfrenten mayores condiciones de rezago, marginación o vulnerabilidad.
Para ello, la legisladora propone establecer, de manera gradual y progresiva, programas de ampliación de la jornada escolar en los planteles públicos de educación preescolar y primaria, con horarios de seis a ocho horas diarias, a fin de fortalecer los aprendizajes, favorecer el desarrollo integral de los educandos y ampliar sus oportunidades de formación.
Asimismo, promover, en los planteles que operen bajo esquemas de jornada escolar ampliada, el acceso a servicios de alimentación escolar nutritiva, suficiente y de calidad, conforme a las disposiciones sanitarias y nutricionales aplicables, priorizando a las comunidades con mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad alimentaria.
De la misma forma, impulsar la incorporación de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas en la jornada escolar, procurando que los educandos cuenten con oportunidades para desarrollar sus capacidades, talentos y habilidades, así como para fortalecer su bienestar físico y socioemocional.
La propuesta de la diputada Fedrha Suriano también considera promover programas de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos públicos, a fin de que cuenten con instalaciones seguras, dignas, accesibles y adecuadas para el aprendizaje, priorizando aquellos que presenten mayores carencias de infraestructura y servicios básicos.



