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20 de Noviembre de 2026

Plantea el diputado Mauricio Céspedes reforzar la seguridad en el Centro Estatal de Convivencia Familiar Supervisada

 

– En sesión ordinaria se presentaron iniciativas en materia de educación, seguridad y protección civil

 

El diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de establecer que el Centro Estatal de Convivencia Familiar Supervisada contará con los protocolos y el personal de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y de las y los menores de edad.

 

De acuerdo con la propuesta, será de carácter obligatorio realizar la revisión preventiva de personas, equipaje, bolsos o cualquier objeto que pretendan introducir a las instalaciones del Centro. Dichas revisiones se realizarán mediante equipos de detección tecnológica o inspección física directa, atendiendo a los principios de respeto a la dignidad humana, perspectiva de género y no discriminación.

 

Además, indica que queda estrictamente prohibido el ingreso con armas de fuego, armas blancas, objetos punzocortantes, sustancias no permitidas o cualquier artefacto que ponga en peligro la salud, la vida o la seguridad de quienes se encuentren al interior del recinto. En caso de detectarse la portación no autorizada de dichos elementos, el personal de seguridad denegará el acceso e informará de inmediato a las autoridades competentes y al órgano jurisdiccional respectivo.

 

Mauricio Céspedes explicó que estas medidas tienen como propósito materializar el principio de prevención y minimizar la posibilidad de agresiones violentas en el fuero familiar.

 

La propuesta por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

 

Asimismo, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación, con el objetivo de robustecer el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior y establecer mecanismos que permitan a todas las personas consultar y verificar, de manera previa a la contratación de servicios educativos, la validez oficial del programa que pretendan cursar.