Diputado Miguel Márquez promueve exhorto para fortalecer difusión sobre tarifas preferenciales del transporte público

 

-En sesión del Congreso se presentaron propuestas legislativas en materia de asuntos municipales, desarrollo rural, presupuesto, transporte y salud

 

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado a que fortalezca las acciones de difusión de información y orientación dirigidas a las personas usuarias del servicio de transporte público y mercantil de competencia estatal, respecto de las tarifas autorizadas.

 

Especialmente de las tarifas preferenciales aplicables a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, haciendo de su conocimiento los requisitos, condiciones y modalidades establecidos para acceder a dichos beneficios, así como los mecanismos disponibles para presentar quejas, denuncias o reportar posibles cobros indebidos.

 

El exhorto fue turnado a la Comisión de Transportes y Movilidad.

 

Asimismo, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales, para que realicen campañas y acciones para dar a conocer a las personas poblanas que se dedican a la comercialización, industrialización y producción de café, los alcances y objetivos de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura y, en consecuencia, conozcan los beneficios a los cuales pueden acceder, a través del Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura en México.

 

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural.

 

En su momento, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado de Puebla a que verifiquen que sus respectivos Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2027 incorporen la perspectiva de género en la planeación, programación, ejercicio y evaluación del gasto público, particularmente en los programas presupuestarios dirigidos a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, procurando que estos cuenten con objetivos, indicadores y metas que permitan identificar y evaluar los resultados del recurso público destinado a dichas acciones, entre otros resolutivos.