Retirar vehículos abandonados en vía pública, proponen en Congreso del Estado.

 

• La Comisión Permanente recibió propuestas en materia de movilidad, medio ambiente y vivienda

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado se dio cuenta del punto de acuerdo de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña por el que exhorta a los 217 Ayuntamientos para que implementen las acciones necesarias y los mecanismos idóneos para el retiro de los vehículos abandonados en la vía pública.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente.

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y al Ayuntamiento del Municipio de Juan Galindo, implementar un sistema de tratamiento y saneamiento de aguas que garantice la eliminación de residuos contaminantes y sustancias que pudieran resultar nocivas para la Presa Necaxa.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su análisis.

Durante la sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales para reformar la Ley de Vivienda, con el objetivo de establecer que los programas o acciones que impacten en los municipios de la Zona Metropolitana, deberán contar con mecanismos especiales que garanticen el otorgamiento de planes de financiamiento que aseguren el acceso de sus habitantes a una vivienda adecuada, digna, asequible y segura.

La propuesta para reformar los artículos 3, 7 y 22 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Vivienda para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para reformar el segundo párrafo del artículo 128 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer expresamente que, en la aplicación de los exámenes de valoración para personas con discapacidad, las autoridades competentes deberán garantizar la accesibilidad mediante formatos accesibles y ajustes razonables, conforme a los lineamientos establecidos.