Renuncia el presidente de Paraguay, que atraviesa una crisis política y financiera

Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas y financieras recientes. La intervención de Ueno Bank, una de las principales instituciones bancarias del país, dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros y desató una serie de protestas y cuestionamientos contra el gobierno. La situación escaló hasta provocar la renuncia del presidente Santiago Peña, en medio de acusaciones por sus antiguos vínculos empresariales con la entidad financiera.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026. El mandatario llegó al poder en agosto de 2023 y tenía previsto concluir su administración en 2028. Quedó en el centro de los cuestionamientos después de que legisladores de oposición impulsaran un juicio político en su contra.

La principal acusación está relacionada con un posible conflicto de interés, debido a que Peña tuvo participación accionaria en el grupo empresarial propietario de Ueno Bank, del que se desvinculó en 2025. La situación se agravó cuando integrantes de su propio partido comenzaron a cuestionar su permanencia en el gobierno, mientras cientos de personas salían a las calles para exigir respuestas por sus ahorros.

En un mensaje difundido públicamente, Peña explicó que tomó la decisión de renunciar para proteger la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. La Cámara de Diputados también aprobó avanzar con su juicio político por unanimidad, aunque el proceso todavía debía continuar en el Senado.

Ueno Bank es una de las instituciones financieras más populares de Paraguay, con aproximadamente 2.9 millones de clientes, una cifra que representa a cerca de la mitad de la población del país. El problema comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay ordenó intervenir la institución e iniciar un proceso para su resolución, luego de detectar que sus niveles de solvencia habían caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación.

En palabras más sencillas, el banco no contaba con el respaldo financiero necesario para responder adecuadamente por sus operaciones. La decisión provocó la suspensión de sus servicios y dejó a millones de usuarios sin posibilidad de acceder a sus cuentas, realizar transferencias o disponer de sus ahorros.

Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. Las investigaciones también pusieron bajo la lupa los vínculos empresariales de Ueno Bank con el Grupo Vázquez, así como las relaciones que existieron con figuras del gobierno. De acuerdo con información de la agencia EFE, la institución administraba importantes recursos públicos, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene alrededor de 355 millones de dólares en la entidad.

Además, ocho directivos fueron detenidos como parte de las investigaciones por posibles irregularidades financieras. El caso también provocó la renuncia de Carlos Carvallo, quien encabezaba el Banco Central paraguayo. Todo esto aumentó la desconfianza de los ciudadanos y convirtió el problema financiero en una crisis que alcanzó directamente al gobierno de Santiago Peña.

La atención ahora está puesta en la transición política y en las medidas que tomarán las autoridades para atender a los millones de afectados por el cierre de Ueno Bank. Tras la renuncia de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana se perfila para asumir la Presidencia y completar el periodo de gobierno, que originalmente terminaba en 2028. El Congreso deberá formalizar los pasos correspondientes para concretar la sucesión.

En el terreno financiero, uno de los principales retos será garantizar que los clientes puedan recuperar su dinero. Las autoridades paraguayas tendrán que avanzar con los mecanismos de protección a los ahorradores y revisar qué ocurrirá con los recursos públicos que permanecían en la institución. También continuará la investigación judicial contra los directivos de Ueno Bank para determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.

Mientras tanto, las protestas y el descontento ciudadano podrían mantener la presión sobre las nuevas autoridades.