Promueve diputada Esther Martínez acciones para el reconocimiento de las lenguas indígenas

– En sesión de la Comisión Permanente se presentaron propuestas relacionadas con la contratación de obra pública y procuración de justicia

La diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13, fracción XV, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en aquellos municipios donde al menos el 20 por ciento de la población habla una lengua indígena, incorporando en la señalización informativa, la nomenclatura oficial y los topónimos su denominación tanto en español como en la lengua o las lenguas indígenas de uso en el territorio.

La propuesta indica que, en los municipios donde no se actualice dicho porcentaje, pero exista presencia o uso de lenguas indígenas, se les exhorta a considerar y promover, en el ámbito de sus atribuciones, la incorporación de dichas lenguas en la señalización y nomenclatura de los espacios públicos municipales, como medida de reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad lingüística del Estado.

Al presentar el exhorto, la legisladora refirió que, con estas acciones, se busca que el reconocimiento de las lenguas indígenas del Estado se traduzca también en una presencia efectiva de las mismas en la vida pública municipal, facilitando el acceso y la orientación de la población y contribuyendo a su preservación, fortalecimiento y uso.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó dos iniciativas encaminadas a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adjudicación de obras públicas.

La iniciativa para reformar la fracción XXVIII del artículo 91 y se adiciona el artículo 171 Bis a la Ley Orgánica Municipal, contempla que las y los presidentes municipales deberán garantizar la imparcialidad, transparencia y libre competencia en los procedimientos de licitación y adjudicación, así como abstenerse de intervenir cuando exista un conflicto de interés.